(3/3) Qué fue de la ordenación del territorio en Canarias
Cerramos con este artículo la trilogía que hemos iniciado referente a la situación de la ordenación del territorio en Canarias y lo hacemos, después de efectuar una cronología por la evolución de los últimos cuarenta años de gobierno
del territorio ello con independencia de que en posteriores escritos intentemos adentrarnos en otro tipo de aspectos relativos a esta importantísima faceta social y económica de nuestro archipiélago.
La aparición de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias fue recibida, especialmente por gran parte del empresariado de las islas, con la esperanza de que la situación de ralentización y descrédito en la que se había incurrido por parte de las Administraciones Públicas en las decisiones vinculadas con el territorio y cuyas críticas se centraban en mayor medida en la centralidad generada por el Gobierno de Canarias en torno al instrumento gestor de decisiones, la COTMAC, iban a ser superadas mediante un nuevo modelo descentralizado donde se trataba de acercar la Administración al administrado, de tal forma que las competencias para la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística recayesen en los Ayuntamientos y con el mismo criterio las de carácter más territorial en los Cabildos Insulares.
El argumento esencial de tal medida residía en supuesta capacidad de las Administraciones Locales, por su mayor cercanía al administrado, para aportar respuestas a las demandas económicas y sociales que requieren de los instrumentos de ordenación para su efectiva materialización. Han pasado casi tres años desde su puesta en vigor y la práctica está demostrando que nada más lejos de la realidad, la panacea que en su día se vendió como eficaz remedio contra la maraña legislativa y el centralismo, se ha tornado en una instrumento que ha contribuido aun más profundamente a bloquear prácticamente cualquier decisión sobre el territorio por mínima que sea en todos los rincones de Canarias.
Pero, más allá de seguir profundizando en las causas de la preocupante y cada vez más agobiante situación de bloqueo respecto a la toma de decisiones sobre el territorio, opino que lo realmente importante y trascendente en estos momentos es la búsqueda soluciones que permitan salir de manera exitosa de este escenario. En base a ello y sin menoscabo de que en posteriores escritos nos detengamos en el análisis o desarrollo de algunas de las propuestas, seguidamente adelantamos algunas iniciativas de las que creemos necesario estudiar su puesta en marcha.
- Replanteamiento del escenario actual por las Administraciones Públicas Canarias
Estamos ante la paradoja de que la mayor parte de los Ayuntamientos ante su falta de recursos técnicos y consecuente bloqueo respecto a las iniciativas públicas y privadas están recurriendo al Gobierno de Canarias o Cabildos Insulares para resolver aquellas
competencias en materia de ordenación urbanística que le han sido conferidas en estos años, resulta imprescindible un replanteamiento sentando en la misma mesa a las tres Administraciones Canarias para alcanzar las soluciones precisas para tal caótica situación. - Aprovechar los recursos humanos como factor estratégico
Existen en la Administración Pública, especialmente en el Gobierno de Canarias, recursos humanos de muy valiosa experiencia en una materia tan compleja como la ordenación del territorio, los cuales deben ser responsable y acertadamente dispuestos para que sirvan de soporte y apoyo a las nuevas medidas que permitan impulsar y reactivar la ordenación territorial en las islas. - Reforzar determinadas estructuras de base para la recuperación de políticas territoriales
Es indispensable recuperar estructuras técnicas, en la actualidad parcialmente desarboladas, especialmente en el Gobierno de Canarias y a partir de ahí establecer una red de apoyo a las Corporaciones Municipales. - Reactivar las iniciativas vinculadas con la implantación de una cultura territorial
Proyectos y programas iniciados en su día, entre los que estaban la formación y apoyo a las Oficinas Técnicas Municipales y la Información Territorial, además de otros, deben ser
recuperados y potenciados. - Propiciar ajustes legislativos desde la concertación institucional
La Ley 4/2017 imperativamente requiere de importantes ajustes que permitan conciliar las necesidades de dinamismo administrativo con las demandas económicas, sociales y protectoras del territorio y ello requiere de la iniciativa y la concertación institucional. - Concertación con Universidades Canarias y Colegios Profesionales
Resulta muy importante incorporar al proceso de recuperación de las políticas territoriales a las Universidades con su capacidad formativa para la actualización profesional como a los Colegios Profesionales de aquellas actividades más directamente involucradas. - Impulso a los instrumentos de planificación territorial y urbanística
Existen municipios que no cuentan con un instrumento de ordenación mínimamente actualizado y otros que demandan actualización, la reactivación de su elaboración y tramitación resulta esencial y ello generaría, además, la recuperación de profesionales especializados en la materia que resultan vitales para la misma. - Apoyo a las iniciativas de gestión de los instrumentos de planificación
Contar con los instrumentos de ordenación es importante, pero trabajar en dotar de capacidad gestora especialmente a las Corporaciones Locales es una tarea vital para permitir sacar un adecuado rendimiento a las potencialidades de tales instrumentos. - Fomentar transversalidades entre distintos sectores económicos y sociales
La conveniencia formalizar una mesa de trabajo coordinada por el Gobierno de Canarias y que se encuentre representada por sectores económicos y sociales permitiría profundizar y concertar caminos e iniciativas que aporten necesarias respuestas en materia territorial. - Recuperación del objetivo de reconocimiento a las buenas prácticas en el territorio
Un buen indicador de la recuperación de la senda de una adecuada cultura territorial consistiría en retomar la iniciativa aprobada en su día por el Gobierno de Canarias de reconocimiento de aquellas buenas prácticas en relación a los instrumentos de ordenación.
Como cierre de esta trilogía de artículos referentes a la preocupante situación de la ordenación del territorio en Canarias, nos gustaría culminar con un mensaje en torno a la importancia estratégica de la protección y ordenación de nuestro territorio como soporte de actividades necesarias para el desarrollo económico y social y la inacción al respecto sólo nos llevará al empobrecimiento como territorio y a la pérdida de nuestra capacidad competitiva como sociedad.
