(2/3) Qué fue de la ordenación del territorio en Canarias
Decíamos en el artículo anterior que la Comunidad Autónoma de Canarias apostó desde principios de los ochenta por el desarrollo de una política de gobierno de su territorio desde una concepción global e integrada y desde el respeto a las sensibilidades y particularidades de cada una de las islas que la componen y para ello se dotó de instrumentos de gobierno, legislativos y de planificación, tanto en los ámbitos regional, insular como municipal. Asimismo, concluíamos con una cuestión que da pie al título de esta línea de artículos: ¿Qué queda de todo ese ingente movimiento vinculado con la veneración de una cultura del territorio en Canarias?.
Resulta fácilmente constatable, fundamentalmente durante la primera década de dos mil, la buena cosecha de instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados en ese periodo -7 Planes Insulares, 64 Planes Generales Municipales, más de 100 figuras de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos-, todo ello derivado de un escenario presidido por el espíritu de la cooperación interadministrativa, especialmente, entre el Gobierno de Canarias y el conjunto de Corporaciones Locales, lo cual permitía encaminarse hacia la consecución de unos objetivos dirigidos a su cénit con la obtención de una verdadera cultura del territorio en Canarias y cuyos principios fundamentales se apoyaban la consecución de la ordenación generalizada en todos los rincones insulares, pero también en propiciar el desarrollo de una capacidad gestora apoyada en unas instituciones públicas adecuadamente estructuradas, dotadas y formadas con el objeto de propiciar el desarrollo de los contenidos de los instrumentos de ordenación.
Desafortunadamente, hay que constatar que, a pesar de contar con un gran número de instrumentos de ordenación en vigor fruto de dicha etapa, su virtualidad fundamental ha consistido en servir casi en exclusiva de aplicación normativa para dictaminar qué se podía hacer en torno a un determinado ámbito territorial o urbano, lo que, en la práctica, ha supuesto un muy escaso bagaje para unas herramientas que esencialmente cuentan con un enorme potencial para la dinamización de políticas activas en distintas materias como economía, infraestructuras, servicios públicos, generación de empleo, protección del medio natural, etc.
Su virtualidad ha consistido en servir de aplicación normativa para dictaminar qué se podía hacer en torno a un determinado ámbito territorial.
Sin embargo, lo que en la actualidad subyace es un escenario de obsolescencia, confusión, dispersión y, lo que es peor, de total ausencia de respuestas ante los requerimientos que nuestra sociedad demanda en materias esenciales tanto desde la perspectiva económica como social. Por ello cabría cuestionarse qué ha sucedido en Canarias para que se truncara un proceso, con sus lógicos altibajos porque todo requiere de experimentación, donde la producción legislativa y de instrumentos de planificación debía haberse culminado con unas estructuras administrativas públicas bien organizadas, eficientes y a la altura de los retos y respuestas que nuestra sociedad demanda.
Desde nuestro punto de vista, erróneamente se ha focalizado la deriva degenerativa de tal proceso en la inoperancia del órgano encargado de arbitrar las respuestas a las solicitudes e iniciativas relacionadas con la aprobación de los instrumentos de ordenación, esto es, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias -COTMAC-. Si bien resulta incuestionable que el instrumento diseñado para sacar adelante la instrumentación necesaria menguó de manera evidente su capacidad de respuesta en relación a estas políticas territoriales en Canarias, no es menos cierto que ello ha sido debido no a su incoherencia estructural o de posicionamiento en el organigrama institucional de dicho órgano, sino a distintas circunstancias que pasan más por la incapacidad de la política para entender que existen responsabilidades institucionales que por su complejidad, trascendencia y especialización requieren de gestores altamente cualificados y experimentados en materias como las que aquí se tratan. Es consecuentemente éste un problema especialmente conceptual que pasa por asignar responsabilidades a aquellos perfiles, vinculados con la política o no, que sean capaces de dar respuestas a asuntos de tanta trascendencia multisectorial como la ordenación del territorio.
En el siguiente artículo vinculado con el motivo al que da pie el título, concluiremos esta trilogía con la franca y perentoria necesidad de buscar soluciones que permitan dar salida a esta situación de bloqueo institucional en que se encuentra Canarias respecto a la toma de decisiones de pequeña, mediana y gran escala por medio de la ordenación de su territorio y especialmente de la gestión y desarrollo de sus instrumentos de ordenación.
