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Apuntes respecto a la iniciativa de modificación de la ley del suelo de Canarias

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He tenido la oportunidad este pasado 23 de octubre de participar en un encuentro virtual entre responsables de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y un conjunto de profesionales, fundamentalmente arquitectos, vinculados con la elaboración de planeamiento en estas islas, ante la iniciativa del Gobierno de Canarias de promover una modificación legislativa en materia de ordenación del territorio en el archipiélago.

En primer lugar, toca aplaudir la iniciativa en cuanto a su necesidad y oportunidad. En referencia al primer aspecto, conviene aclarar que no resulta común en el contexto de nuestra historia democrática contemporánea, que por parte de la Administración actuante se incluya en el contexto de sus competencias para promover legislación, la invitación a la participación no reglada por parte de los colectivos profesionales más directamente implicados en la misma. Por tanto, hay que resaltar que considero ésta una práctica no sólo reseñable y sana para beneficio del propósito en si mismo de los objetivos legislativos a alcanzar, dado que la aportación de los profesionales en la materia tratada enriquece y da sentido a los contenidos, sino que es muy conveniente profundizar en la misma haciéndola extensiva al conjunto de los colectivos profesionales que de una u otra manera intervienen en la ordenación del territorio en Canarias, entre los que resulta necesario incluir a aquellos que directamente trabajan dentro de las propias Administraciones que se encuentran implicadas en estos temas.

Tengo el pleno convencimiento, respecto al caso que nos ocupa de promover legislación vinculada con la ordenación del territorio, materia ésta extremadamente densa y transversal, que la invitación a la participación real y adecuadamente estructurada de aquellos sectores profesionales implicados enriquecerá sobremanera el resultado final del instrumento legislativo en forma de contenidos realmente útiles para una sociedad muy necesitada de respuestas tanto sociales y económicas, como en la protección de nuestro valioso territorio.

Ahora, es necesario que por parte de los colectivos profesionales se esté a la altura de la iniciativa tomada por la Administración actuante y se invite a la participación del conjunto de sus miembros y no sólo de aquellos más veteranos, aunque posiblemente sean los que puedan hacer una aportación más ponderada con su dilatada experiencia, sino también a los más jóvenes que tendrán que tomar el testigo en un determinado momento y, en consecuencia, deben estar preparados para ello.

Más allá de lo destacable en si mismo, respecto a la iniciativa tomada, cabe reseñar que éste ha debido ser un primer encuentro que necesariamente demanda, para que no quede, como bien decía el Viceconsejero de Planificación TerritoriaL en un postureo de buenas intenciones, de la organización de un método de trabajo eficaz y con la necesaria extensión de la participación, como ya hemos comentado, hacia el resto de colectivos profesionales vinculados con esta materia, de tal forma que los distintos ángulos desde los que pivota la ordenación del territorio tengan un reflejo claro en forma de las respuestas que esta sociedad demanda.

En relación a los contenidos a tratar, ya tendremos ocasión de expresarnos por éste y otros medios respecto a aquellos temas en los que su enjundia merece detenerse, pero no quisiera dejar atrás en esta intervención la importancia que tiene un buen diagnóstico de una problemática para identificar y solventar una determinada problemática. Cuando nos sentimos mal y vamos al médico en busca de ayuda, este profesional normalmente nos hace, según de donde proceda la dolencia, una necesaria auscultación a los efectos de poder hacer un diagnóstico certero que le permita poner el tratamiento o las medidas adecuadas para producir la sanación, sólo de esa manera podemos encontrar solución a nuestro problema.

La Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como la mayor parte de la legislación aprobada, tiene contenidos positivos pero, si de algo adolece especialmente es de una deficiente lectura previa de la problemática existente en las islas en esta materia, por lo que sus aportaciones en determinados aspectos no sólo no han sido eficaces, sino que incluso han venido a complejizar aún más el difícil escenario anteriormente existente en esta materia.

Ya se ha vuelto costumbre en nuestras islas que cada vez que hay un cambio político en cualquier escenario, autonómico o local, los que entran tengan la tendencia a cambiar lo hecho, ya sea leyes, planes o normas y esto sin tener por qué ser negativo en si mismo, si que resulta ser, generalmente, poco útil para la sociedad hacia la que se dirigen las medidas, dado que, normalmente, entre lo que tardan éstas en elaborarse y en asimilarse por los agentes implicados una vez en vigor, se les ha pasado el tiempo a los generadores de estas iniciativas, hasta que llegan los nuevos, vuelven a tomar medidas de cambio y así quedamos todos arrastrados por un círculo vicioso estéril para las respuestas que requiere la sociedad canaria.

Volver a hacer tabla rasa de lo aprobado anteriormente, en lugar de apoyarse en lo positivo existente, modificando, en todo caso, aquello que no ha funcionado, sería caer de nuevo en los mismos errores de los que utilizaron tal fórmula. Por el contrario, optar por conservar lo positivo, no sólo resulta más rápido y eficaz para servir a los intereses generales, sino que es una muestra de verdadera altura de miras.

En resumen, bienvenida la invitación a la participación, ahora falta organizar un método que permita las aportaciones de manera eficaz y, además, es esencial realizar una certera diagnosis que contribuya al afloramiento de los verdaderos problemas existentes y que de ello emanen las respuestas que nos hagan posible salir de este laberinto de dificultades en el que se encuentra Canarias respecto a su territorio y a los muy diversos tipos de iniciativas que en torno al mismo se demandan en materias de iniciativa pública y privada que resultan vitales para nuestro presente pero también para la futura sostenibilidad de estas islas.

 

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